Los excursionistas, encadenados

Publicado en Destino, nº 1953, marzo de 1975

En el número 1.950 de DESTINO (15-11-75), y bajo este mismo título -y del que no nos retractamos por cuanto diremos más adelante-, comentamos un decreto de la Presidencia del Gobierno referente a las actividades excursionistas y que ha producido amplias protestas.

La semana pasada, la Delegación Nacional de la Juventud publicó una nota en la que se precisan algunos extremos relacionados con informaciones aparecidas a raíz del decreto. La nota señala que no es cierto que para salir de excursión se exija la compañía de un monitor de la OJE... Lo único que se exige es la idoneidad técnica del hombre que mande el grupo... Evidentemente, el decreto dice lo que la nota dice, y añade que las Delegaciones Nacionales de Juventud y de Sección Femenina organizaran anualmente cursos para la titulación a que hace referencia el párrafo anterior. Esta última frase es la que nos indujo a confundir la OJE con la Delegación de la Juventud; y hemos de reconocer que se nos fue la pluma.

Sin embargo, y en honor a toda la verdad, creemos que vale la pena, aun con el riesgo de que el artículo resulte pesado por demasiado legalista, señalar las diferencias existentes entre el decreto de 1957 y el recientemente aparecido. Y esto porque sor prende que diecisiete años después de un decreto que, aunque se mantenía en vigor, normalmente no había sido aplicado, aparezca otro similar pero que aumenta las exigencias del anterior y que tiene unos matices mucho más ideológicos. Analicémoslos con más de talle.

El artículo primero del decreto del 57 queda ampliado en el del 74 con la exigencia de que se adapten a él las actividades que organicen los centros estatales reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia.

El artículo segundo es nuevo y en él se indica que la Presidencia del Gobierno determinará los lugares de dominio público de acampada para cada provincia, previo Informe de ICONA y otros organismos competentes. El tercero, que también es nuevo, es el que se refiere a la idoneidad de los responsables de las actividades excursionistas, que ya se ha comentado, aspecto éste que no se citaba en el decreto de 1957.

Respecto al artículo cuarto, que fija los requisitos para solicitar el debido permiso ante el gobernador civil correspondiente para poder llevar a cabo las actividades a que se refiere el decreto, hay que resaltar que si en 1957 se señalaban cuatro requisitos, en el nuevo decreto se amplían a seis y además se detalla más el contenido de algunos de los ya existentes: y así, mientras en el 57 se exigía nombre, domicilio, edad, estado y profesión del jefe de la colonia o campamento, ahora se añade la exigencia del «titulo acreditativo de la competencia del jefe y personal directivo del Centro de Vacaciones Escolares (...) expedido por las Delegaciones Nacionales de la Juventud y Sección Femenina, según casos; se ha de indicar también el sexo de los participantes en estas actividades; y las dos exigencias nuevas consisten en que se tienen que hacer constar las condiciones técnicas que reúnen los emplazamientos y el Plan formativo, acompañado del correspondiente programa de actividades.

Sigamos. Hace diecisiete años se hacía referencia a las colonias escolares de carácter benéfico, a quienes los gobernadores podrían conceder permisos por un plazo prudencial para evitar la reiteración de solicitudes; ahora desaparece lo de benéfico y esta potestad del gobernador puede aplicarse a quienes ofrezcan garantías suficientes.

En el reciente decreto se dice que las correspondientes autorizaciones que deberán llevar consigo los jefes de acampadas, marchas, etcétera, deberán exhibirse a requerimiento de los inspectores de campamentos o de cualquier autoridad competente; según el decreto anterior, sólo debían presentarse ante la autoridad competente.

El artículo octavo del texto del ve rano pasado presenta algunas novedades respecto a las obligaciones de los jefes de centros de vacaciones, etcétera. Se altera el orden de algunos de los apartados (antes se anteponía el cumplimiento de las condiciones sanitarias al cuidado de la moral y las buenas costumbres) y se ha modificado el «d»). Mientras que en el 1957 los jefes debían cuidar, entre otras cosas, de que no convivieran personas de distinto sexo, según el texto actual estos jefes están obligados a, entre otras cosas, asegurar el cumplimiento del plan formativo aprobado por tal actividad.

Si de acuerdo con lo decretado en 1957 los agentes de la autoridad, en caso de que se incumplieran las normas, cursarían la correspondiente denuncia al gobernador civil, en 1974 se les potesta para que puedan suspender la actividad no autorizada. Importantes ampliaciones sufren también las atribuciones de inspección y asesoramiento de las Delegaciones Provinciales de la Juventud y de la Sección Femenina, a los que se les autoriza para que puedan proponer, en base a sus informes, a los órganos y autoridades competentes, la adopción de medidas necesarias para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

Otra modificación Importante es la del antiguo artículo 11 -actual 12-: los inspectores de campamentos, a partir de ahora, no sólo cuidarán de la idoneidad de las actividades, sino que también de la conducta del jefe de campamento (...), pudiendo acordar la autoridad gubernativa, de acuerdo con los informes de la inspección y si la transgresión fuera grave, la suspensión del jefe o de la actividad de que se trate, sin perjuicio de la resolución que en definitiva proceda.

Finalmente, y para no cansar al lector, reseñamos que faltan en el nuevo decreto los artículos 14 y 15 del anterior. El primero hacía referencia a los campamentos o colonias extranjeras de religión o confesionalidad no católica. El segundo trataba de los campamentos, colonias y marchas juveniles que con un fin de formación y apostolado organicen las obras inmediata mente dependientes de la jerarquía de la Iglesia, que quedaban exentos del cumplimiento de lo señalado en el decreto. La desaparición de este articulo, en estos momentos en que se está negociando el Concordato vigente, ha sorprendido en medios eclesiásticos y parece que se habló de ello en la última conferencia episcopal.

Es de agradecer que la Delegación Nacional de la Juventud haya querido, con su nota, clarificar algunas interpretaciones erróneas del debatido decreto e incluso señalar la suavidad con que parece que se piensa aplicar. El problema es que una nota de prensa no tiene fuerza legal, y un decreto firmado por el Príncipe de España, sí; y aunque sólo por cuestiones burocráticas sería ya difícil llevarlo a la práctica, de momento ahí está para cuanto pudiera convenir.

De acuerdo con la nota de la Delegación se van a organizar cursos abiertos para la formación de responsables idóneos. Las entidades excursionistas organizadas, dependientes o no de la Iglesia, tienen así un problema fácilmente solucionable. No así los numerosos grupos de excursionistas.