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Protagonista: SEAT

Publicado en Destino, nº 1953, marzo de 1975

Sin duda, la principal protagonista estos días en Barcelona es la empresa SEAT.

El miércoles, 26 de febrero, en la Magistratura número 3 de nuestra ciudad, se vio el juicio de las primeras 317 demandas de otros tantos trabajadores contra la empresa SEAT por despido improcedente. Probablemente, cuando DESTINO esté en la calle ya se conozca la sentencia[1].

El martes, 4 de marzo, en Madrid y ante el Tribunal de Orden Público, se habrán sentado en el banquillo algunos de los abogados que han defendido a los obreros de SEAT en éste y otros juicios anteriores y ocho trabajadores de dicha empresa, algunos despedidos en 1971, otros posteriormente o como consecuencia del más reciente conflicto de enero pasado y a cuyo juicio nos referimos a continuación.

A las diez de la mañana del miércoles 26 debía iniciarse la vista de las demandas que habían presentado ante la Magistratura de Trabajo, 317 trabajadores de SEAT, pidiendo se declare improcedente el despido con que la empresa les sancionó como consecuencia de los paros del pasado 8 de enero.

Puntualmente, fuertes contingentes de policía vigilaban las inmediaciones y controlaban atentamente el acceso al edificio de la Ronda de San Pedro. Tanto, que a punto estuvimos de no presenciar el juicio.

Resulta difícilmente comprensible que no todos los demandantes, sino solamente una minoría, pudieran estar presentes en su propio juicio. Se ve que cuando se proyectó el nuevo edificio de las Magistraturas de Trabajo de Barcelona no se preveían despidos y juicios tan masivos, y las salas son muy reducidas, Al principio, de los 317 despedidos, sólo se permitió la entrada a seis que habían sido elegidos por sus compañeros, número que luego se amplió de acuerdo con la capacidad, mientras que el resto tuvo que permanecer en el hall de la planta baja. De los 3.800 compañeros que se habían ofrecido para testificar en defensa de los despedidos, se citó a media docena aunque al final sólo uno compareció ante el Magistrado. También un grupo de abogados interesados en seguir la vista, tuvieron que superar sus dificultades. Todo ello da idea del tenso ambiente que rodeó al juicio.

Los trabajadores estaban representados por los abogados doña Montserrat Avilés, don Rafael Cabrá, doña Ascensión Solé, don Josep Solé Barberá, don Luis Salvadores y don Albert Fina. La empresa, por el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona, don Manuel Alonso García.

Previamente al juicio, se Intentó un acto de conciliación que acabó sin avenencia puesto que la empresa sólo admitía el despido de los 317 demandantes indemnizándoles con el salario de 15 días por año trabajado. Las propuestas del magistrado, señor Muñoz y Núñez de Prado, no fueron aceptadas por la empresa: readmisión de todos los despidos condonando la sanción muy grave por suspensión de sesenta días de empleo y sueldo, o readmisión de parte e indemnización del resto.

Alegaban los trabajadores en su demanda que en las cartas de despido -que recibieron por conducto notarial- se les imponía la sanción de despido por la comisión de falta muy grave de indisciplina y desobediencia... mientras que a miles de compañeros suyos, por los mismos hechos y motivos, se les sancionó con seis días de suspensión de empleo y sueldo. La similitud de las cartas por las que la empresa comunicó el despido o la suspensión es tal que, cuando el director general de SEAT, don Javier Clúa, fue interrogado por Montserrat Avilés, éste dijo reconocer un párrafo de una de las cartas de sanción como el de las cartas de despido. Todo ello planteaba, según los abogados de los obreros, el trato discriminatorio que habían recibido los trabajadores despedidos, sin que se expusieran motivos concretos. La empresa alegaba que no podía hablarse de discriminación y que la sanción máxima que se había adoptado era consecuencia de la existencia de un clima generalizado de incumplimiento de las obligaciones laborales y de abandono de deberes derivados del contrato laboral, recordando los diversos conflictos que se habían producido desde el mes de septiembre y aún antes, unos sancionados y otros no.

Por su parte, los abogados de los trabajadores subrayaron que la sanción que se les había impuesto y que en aquel momento era objeto de juicio sólo podía referirse a los hechos acaecidos el día 8 de enero, pues los anteriores que la empresa había sancionado, o bien habían sido condonados con días de suspensión de empleo y sueldo, o estaban en periodo de tramitación para su resolución ante la Magistratura de Trabajo.

Respecto a los antecedentes del conflicto, ambas partes estaban de acuerdo en que debía remontarse a las de liberaciones del VIII Convenio Colectivo. Donde no coincidían era en la interpretación de la problemática que se suscitó.

Ante el nuevo convenio, los trabajadores plantearon al jurado de empresa una plataforma reivindicativa de 18 puntos, firmada por 8.500 obreros, plataforma que fue sustancialmente rebajada por los cargos sindicales a la hora de sentarse a la mesa de las negociaciones. Según el doctor Alonso era lógica la postura del jurado por considerar inviable presentarse con aquellas peticiones. La postura del jurado, sin embargo, suscité recelos entre la plantilla, y más cuando finalmente rebajé sus peticiones a cuatro vagos puntos, hasta que se pidió su dimisión y se eligió democráticamente en asamblea a otros ciento diez representantes; el jurado, después, presentó su dimisión pero no le fue aceptada por la Organización Sindical.

Según se dice en la demanda de los trescientos diecisiete despedidos, la empresa ofreció unos aumentos estimados por todos como irrisorios, máxime si atendemos al creciente aumento del coste de la vida, a los siempre crecientes ritmos de producción en la empresa y a los notables beneficios obtenidos por ésta. La oferta despertó un gran malestar, que aumentó cuando la empresa, en plenas deliberaciones del convenio, presentó un expediente de regulación de empleo que fue sorprendentemente resuelto en seis días y contra el que han recurrido diez mil obreros a pesar del escaso plazo que se les dio para presentar sus alegaciones. Consideran los trabajadores en su demanda que el expediente se planteó en aquel momento con el fin de crear una psicosis de crisis y con todas las apariencias de una real provocación. Según la empresa, la presentación del expediente en plenas deliberaciones del convenio fue pura coincidencia. Sin embargo, en lo que más hincapié hizo el representante de SEAT fue en negar que los salarios de los obreros y la oferta de la empresa fueran irrisorios, que se exijan brutales y abusivos ritmos de producción y también que los trabajadores no hayan participado en los beneficios de la empresa. El testigo que compareció por parte de los demandantes, otro trabajador de SEAT, ratificó, sin embargo, los cada día más abusivos ritmos de producción que provocaban lesiones en la columna e incluso desmayos a algunos trabajadores.

En fin, los representantes de los trabajadores subrayaron que si los salarios eran elevados -que no lo son tanto como se quiere hacer creer- era debido a la lucha que los obreros de SEAT han llevado a cabo desde hace unos años y que, de todos modos, estas mejoras hablan costado ya muy caras, tanto por la muerte de un compañero (Antonio Ruiz Villalba) como por los numerosos despidos que, a pesar de haber sido declarados improcedentes, la empresa había resuelto acogiéndose al tristemente famoso artículo 103.

Falta ahora saber a qué conclusiones ha llegado el magistrado después de las ocho horas de juicio y del análisis de las abundantes pruebas documentales que se aportaron. De todos modos, en el caso de que se les reconociera a los trabajadores de SEAT que se les despidió sin motivo justificado y que, por tanto, corresponde a ellos el derecho a elegir entre una indemnización o la reincorporación al trabajo, esto no sería nada más que una mera fórmula jurídica: la empresa podría acogerse a la Ley de Procedimiento Laboral para, por un poco más de dinero, dejar de lado lo indicado en la sentencia y cumplir sus objetivos, es decir, el despido definitivo.

En los pasillos de Magistratura, tras la vista o en algún breve descanso que se hizo, algunos trabajadores se acercaron al señor Clúa y le expusieron la difícil situación en que se quedarían la mayoría de sus familias, especialmente las de aquellos de edad más avanzada. De todos modos no es cuestión de añadir ninguna nota sentimental y fácil. En estos problemas, como el propio señor Clúa manifestó en el interrogatorio a que le sometieron los abogados de los despedidos, se trata de intereses contrapuestos.

[1] En el momento de cerrar la edición la Magistratura número 3 de Barcelona ha dictado la sentencia en la demanda interpuesta por 317 trabajadores de Seat contra la empresa. La sentencia declara improcedente el despido de 14 de los de mandantes y procedente el de los otros 303.

 

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