Una solución administrativa para un problema político

Publicado en Destino, nº 1957, abril de 1975

Como los lectores ya saben, el pasado día 24 de buena mañana, don Rodolfo Martín Villa, gobernador civil de la provincia, se dirigió a la plaza de San Jaime para entregar personalmente al alcalde de Barcelona, don Enrique Masó Vázquez y a los tres tenientes de alcalde, su resolución sobre el controvertido acuerdo municipal del Consejo del día 4 (en el que por mayoría no se aceptó la propuesta de dedicar una pequeña parte del presupuesto municipal al cultivo de la cultura catalana). A continuación, el gobernador se reunió con los concejales que habían votado "no", los dieciocho famosos. Y, poco después, con los periodista.

El señor Martín Villa ha sabido hallar una salida muy hábil y no menos política -aunque esté disfrazada de decisión de tipo administrativo- a la desafortunada situación provocada tras la última sesión del Pleno Municipal de Barcelona.

Se espera que, haciendo uso de la autoridad que la Ley de Régimen Local confiere a los gobernadores civiles como supervisores y controladores de las decisiones y actuaciones de las correspondientes corporaciones locales, anulase el acuerdo. Jugar esta baza significaba políticamente, sin embargo, utilizar un arma de varios filos: suponía adoptar una postura ante un tema, quiérase o no, político y politizado; una postura, por tanto, política que hubiera agradado a ciertos sectores y también desagradado a otros; suponía también enmendarle la plana al alcalde y a los concejales; y, además, dejar traslucir una superautoridad que es algo que goza de pocas simpatías en los tiempos en que vivimos. El señor Martín Villa podía haberlo hecho basándose, por ejemplo, en que tal acuerdo municipal resultó "contrario al orden público" o en algún otro fundamento legal. Pero no. Nuestro gobernador civil ha adoptado una solución de tipo administrativo. De acuerdo con el asesoramiento del abogado del Estado y otros técnicos, ha considera que "no ha lugar a la suspensión de dicho acuerdo...", por no entrar dentro de las competencias que la ley le otorga.

El señor Martín Villa podía haberse quedado aquí. En señalar que el asunto no era de su competencia, y punto. Sin embargo, ha añadido un segundo resultando que evidencia tanto o más que el anterior su capacidad política. A pesar de que previamente señala que "el acuerdo adoptado sobre la enmienda de referencia se halla afectado de vicio de nulidad de pleno derecho...", "el Gobierno Civil -se dice- tiene a bien resolver que la consideración de la posible nulidad del acuerdo adoptado al respecto corresponde a esa Corporación como materia propia de su competencia...". No anula el acuerdo, aunque indica que es nulo, y deja en manos de los munícipes la anulación o revisión del mismo. No sólo pasa de nuevo la papeleta al Ayuntamiento, sino que además la pasa con elegancia y sin entrar para nada en el contenido, en el fondo del acuerdo; sin insinuar -al menos explícitamente- que no votaron lo que debieran haber votado.

Con esta solución administrativa, el señor Martín Villa trata también de despolitizar el tema: el problema no es el divorcio existente entre lo que los barceloneses desean y lo que sus "representantes" defienden; el problema no es, tampoco, si el Ayuntamiento debe o no dedicar parte de su presupuesto a la cultura del país; el problema se queda, según la resolución gubernativa, en que se ha producido un fallo de procedimiento y, por tanto, el acuerdo debe ser reconsiderado. Esta es otra manifestación más de que el señor Martín Villa es un político que conoce y sabe usar todos los resortes políticos de nuestro sistema.

Sin embargo, como hemos señalado desde estas páginas varias veces, casi en cada ocasión en que hemos hablado de este tema, el problema no es de forma, sino de fondo; va más allá de encontrar una salida coyuntural, más o menos airosa, al follón organizado por los concejales que votaron no en el Pleno del día 4; tiene su origen y fundamento en una estructura municipal autoritaria en la que la representatividad de los ciudadanos es más bien una entelequia. Y una entelequia amordazada.

La propia solución adoptada por el gobernador civil reafirma lo que decimos y lo que indicábamos en nuestra anterior edición. La solución gubernativa se basa precisamente en que la enmienda del concejal -teórico representante de los ciudadanos- no puede ser estimada "por no haber sido sometida al previo y preceptivo informe de la Comisión Municipal Ejecutiva..." es decir,     que mientras las diversas entidades y personas individuales se han manifestado a raíz del desgraciado asunto del catalán, señalando el divorcio entre los ciudadanos y sus "representantes", los técnicos en interpretar las leyes descubren que el fondo del problema estriba en que la voz del concejal no había pasado por los obligados filtros, con lo que pone de relieve que la poca representatividad y la escasa voz de los concejales dependen, a la hora de las decisiones, de lo que calificábamos como "un ejecutivo fuerte" integrado por personas de plena confianza del alcalde y designadas por éste.

El Ayuntamiento se halla en un difícil callejón, en un callejón sin salida. Pues ¿cuándo se ha descubierto el fallo en el procedimiento, lo cual permitirá arreglar el patinazo? Cuando los ciudadanos a través de los medios de comunicación y en la medida en que han podido han manifestado su repulsa ante una decisión no sólo contraria a sus intereses, sino además poco inteligente. Porque hay muchas cosas que las entretelas administrativas no permiten a veces averiguar. Por ejemplo: era necesario que siguieran todos los procedimientos marcados por la ley para conseguir diez millones de duros para potenciar la cultura catalana; pero ¿qué procedimiento se ha seguido para aprobar un presupuesto de treinta millones de pesetas, según fuentes bien informadas -la cifra no es pública y el presupuesto que sepamos, no se ha aprobado- destinados a embellecer el escudo de la fachada del Ayuntamiento? Es un ejemplito de nada que revela, sin embargo, que esto de los presupuestos va como va. Y lo hemos traído aquí en primer lugar por la semejanza de las cantidades y, además, porque ahora, cuando pasamos por la plaza de San Jaime y vemos la fachada de la Casa Gran así, como aparece en la foto, con su parte superior tan recubierta, tenemos la sensación de contemplar un niño que, avergonzado se tapa los ojos; o la de un adulto que no quiere ver la realidad.

Habrá dinero municipal para el catalán. ¡Faltaría más! Sin embargo, hay que ir más allá de lo que ha sucedido en este mes de marzo, más allá de la anécdota y de la salida administrativa. Hay que buscar una solución con perspectivas más amplias, con los ojos abiertos a la realidad de Barcelona. Una solución política. Y de alta política.

Destino, nº 1957

¿Qué procedimiento se ha seguido para aprobar un presupuesto de treinta millones de pesetas, según fuentes bien informadas -la cifra no es pública y el presupuesto, que sepamos, no se ha aprobado-, destinados a embellecer el escudo de la fachada del Ayuntamiento?.

(Foto Emilio Pérez de Rozas)